La Justicia porteña dictó la nulidad de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones superiores al tope legal, que es el 4,15% del total de los contratos de alquiler. A su vez, cuando exijan ese monto, no podrán pedir dinero por gastos adicionales.

“La medida tiene un impacto enorme. En la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires alquilan más de 900 mil personas, es decir, un tercio de la población. El precio de un alquiler promedio es de 8.000 pesos, por lo que estimamos que el impacto económico del fallo superaría el millón de pesos al año”, indicó a Télam el co-director de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sebastián Pilo.

ACIJ junto a Inquilinos Agrupados fueron las organizaciones que iniciaron la causa en la justicia porteña por “el cobro de comisiones ilegales por parte de las inmobiliarias, a los inquilinos de vivienda única en la Ciudad de Buenos Aires” en la que ayer se expidió en forma definitiva el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Segón.

La Justicia añadió que los corredores inmobiliarios tampoco podrán cobrar comisiones “que excedan el tope citado, bajo el rubro de ‘gastos’ u otros conceptos similares en relación con los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda única”.

Este último punto es clave, ya que las inmobiliarias estaban usando el rubro “gastos” para cobrar tres, cuatro o hasta diez mil pesos y, de esa forma, eludir el tope legal. En realidad, la ley de alquileres de la Ciudad estipula que el pedido de informes es una de las funciones, por lo que sus costos están incluidos en la comisión.

Para Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados sostuvo que “es la primera victoria de los inquilinos sobre el mercado inmobiliario”.

“Hemos quebrado una lógica de impunidad, inaugurando así la voz de un sector que ha decidido ser protagonista en su derecho a vivir en la ciudad de forma digna, justa y equitativa. Es el comienzo del camino para alquilar de forma justa en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

En el fallo, la Justicia instó además al Cucicba a que en el plazo de treinta días “implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios”; “confeccione un plan integral para la difusión pública del monto máximo”, y “elabore un plan a los efectos del control respecto de sus matriculados”.

Esto tiene que ver con que Cucicba es un órgano de control, pero en los hechos, como está dirigido por corredores de las inmobiliarias más grandes de la Ciudad, ha funcionado como un defensor del sector, en detrimento de los inquilinos.

Finalmente, en el caso se dispusieron multas de entre $ 5.000 y $ 20.000, según el tipo de incumplimiento.